Perú está en la mayor crisis política de las últimas décadas en medio de un creciente vacío de poder, después del estallido del escándalo de corrupción que compromete al principal asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Fujimori dejó días atrás el cargo al vicepresidente, Francisco Tudela, y realizó un sorpresivo viaje a Washington para reunirse con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente Bill Clinton no lo recibió.
Atrás quedaron también las declaraciones de apoyo y no intervención de los gobiernos de América Latina al presidente Fujimori, cuando Estados Unidos y Canadá eran partidarios de condenarlo en la OEA por las confusas elecciones en las que volvió a ganar. No pasó mucho tiempo, y la crisis estalló tal cual lo había denunciado la oposición peruana.
El viaje de Fujimori se produjo luego que el congresista Juan Miguel Mendoza Del Solar renunció al oficialismo denunciando un plan militar para tomar el poder "en un término de 20 días", que permita el retorno al país de Montesinos, el controvertido ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desde Panamá.
El Ejército desmintió la versión y la calificó como "absolutamente falsa", pero no fue suficiente para frenar "el desconcierto y la confusión" en el país.
"Estamos viviendo la crisis de gobernabilidad más aguda de las últimas décadas", dijo la Asociación de Exportadores del Perú, sector seriamente afectado por una huelga de camioneros por el alza de los combustibles, que suma un ingrediente más a la crisis.
El Congreso unicameral, donde el oficialismo dejó de ser mayoría, no logra frenar las renuncias de legisladores a sus filas.
El presunto soborno que generó el terremoto político estalló hace semanas, cuando congresistas del opositor FIM (Frente Independiente Moralizador) presentaron la cinta que mostró a Montesinos pagando 15.000 dólares al legislador Kouri para que se pasara a la alianza oficialista Perú 2000.
El escándalo obligó a Fujimori a convocar a elecciones para marzo del 2001, en las que no participará, y a anunciar la desactivación del SIN, pero el jefe de Estado no reprobó el soborno atribuído a Montesinos, el capitán del Ejército que fue expulsado del arma en 1976.
El congresista Mendoza dijo que el plan para dar un golpe militar contemplaba formar UN nuevo grupo en el Congreso para oponerse a todas las iniciativas de leyes propuestas por Fujimori para facilitar el adelanto de las elecciones y formar comisiones investigadoras en su contra.
Según Mendoza, el plan fue ideado por Montesinos,
quien, según afirmó, se sintió "traicionado" por Fujimori, versión que no encaja con la decisión del jefe de Estado de apoyar su salida del país evitando que sea puesto citado por la justicia.
La iglesia católica llamó a los peruanos a mantener la "tranquilidad y serenidad" frente a la situación política, al tiempo que invocó a las Fuerzas Armadas a mantener la "calma".
"Un golpe militar dolería a todo Perú. Los militares manifestaron el 24 de setiembre su lealtad al jefe de Estado; no a Fujimori, sino al jefe de Estado", declaró el obispo Luis Bambarén, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
Desde el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, la influencia del "fujimorismo" se hizo extensiva a grandes medios de comunicación, especialmente televisoras, que ignoraron denuncias contra funcionarios del gobierno y violaciones a los derechos ciudadanos y humanos.
Montesinos, quien salió del país a Panamá, es acusado de tener vínculos con narcotraficantes, de enriquecimiento ilícito y hasta de estar comprometido con el tráfico de armas desde Jordania para la guerrilla colombiana.
De ahí que se entienda la "indignación" creciente en la oposición, la sociedad civil y en un sector de la prensa contra el gobierno, por haber "coordinado" el viaje del hombre al que, aún desde el exterior, goza de gran poder sobre la vida peruana.
La crisis política ha provocado situaciones no imaginadas: la sorpresiva renuncia del cuestionado presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Alipio Montes de Oca y la posibilidad de renuncia adelantada de la controvertida Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán.
"Hoy se ha puesto en evidencia cómo un sistema político que rompe el equilibrio entre los poderes del Estado y concentra las decisiones en quienes no recibieron mandato, se hace precario y pone en riesgo la estructura y el funcionamiento del cuerpo social", dijo la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Desmontar el fujimorismo enquistado en el poder tomará tiempo, pero sostienen muchos, que es necesario un proceso de "reconciliación" que no signifique "impunidad".
La oposición está dividida. El ex candidato presidencial Alejandro Toledo y el congresista Fernando Olivera, del FIM, quien difundió el video del escándalo.
Olivera criticó a Toledo por exigir que Fujimori renuncie de inmediato para dar paso a un gobierno provisional, no previsto por la constitución política de 1993.
Olivera apoya en cambio que el Congreso apruebe las leyes necesarias para facilitar la convocatoria a nuevas elecciones y respaldar al presidente, para evitar la ruptura del orden constitucional
Montesinos logró un refugio temporal en Panamá después que varios países latinoamericanos, Estados Unidos y la OEA pidieron a la presidenta Mireya Moscoso reevaluar su asilo, tras indicios de que podría gestarse un golpe militar en Perú.
El ex asesor, un capitán expulsado del ejército en la década de 1970 por vender información secreta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, es acusado además de violar los derechos humanos, y hostigar y espiar a civiles.
El archivo de la denuncia fue interpretada como una muestra de que el ex asesor aún mantiene poder en el sistema judicial de Perú.
"Eso demuestra que la maquinaria de Montesinos y Fujimori no está desarticulada de ninguna manera", afirmó el decano del Colegio de Abogados de Lima, Martín Belaunde.
La justicia peruana es controlada por Fujimori desde 1992, cuando tras disolver el Congreso asumió amplios poderes y reestructuró el sistema judicial, permitiendo el nombramiento de jueces y fiscales provicionales.
Para Michael Shifter, analista político de la Inter-American Dialogue, con sede en Washington, la resolución de archivo del caso contra Montesinos refleja que hubo UN acuerdo entre el ex asesor y el gobierno peruano.
"Es difícil ver cómo Perú puede decir que tiene un compromiso con la democracia y con los derechos humanos, si la persona quien dirige los abusos se escapa de la justicia", dijo Shifter.
La incertidumbre provocada por la crisis política en Perú y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales podría hacer fracasar las perspectivas económicas del gobierno para 2000 y 2001.
El propio ministro de Economía, Carlos Boloña, advirtió la semana pasada qu
e las principales metas se le pueden ir de las manos.
El gobierno había previsto a principios de este año UN crecimiento de la economía de 4,0 por ciento y de 5,5 por ciento para 2001, así como UN déficit fiscal de 2,0 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2000 y de 1,3 por ciento en 2001.
Después del primer semestre, Boloña, considerado padre de las reformas liberales, y que retornó al ministerio después de ocho años, elevó la meta de crecimiento a 5,5 por ciento.
Sin embargo, según Jorge Gonzáles, economista y ex ministro de Fujimori, "la economía peruana tenía esperanza en el 2000 y 2001 para retomar el crecimiento perdido, pero el agravamiento de la crisis política oscureció el panorama, por lo que las expectativas han pasado al nuevo gobierno".
"Mientras no se realicen las nuevas elecciones - proyectadas para marzo -, Perú seguirá en agonía económica, sin confianza", dijo el ex candidato a la presidencia Alejandro Toledo.
Gonzáles, quien también es catedrático de la Universidad El Pacífico, afirmó que por la crisis "el déficit público estaría rondando 2,5 por ciento del PIB, mientras que el crecimiento se acercaría a la meta inicial con el Fondo, debido a los sectores primarios y UN buen primer semestre".
Por lo pronto, la agencia calificadora Standard & Poor's, ya revisó el panorama a largo plazo de Perú. La revisión implicaría un mayor riesgo país y si no el cierre total del financiamiento para las firmas locales, sí la escasez de fondos y la muerte de UN programa de reestructuración de deuda privada auspiciado por el gobierno.
"Una recuperación estará relacionada con la estabilidad de la política, pero en la medida en que la transición tenga claridad, y las transiciones siempre tienden a ser complicadas", sostuvo Hugo Santa María, de la consultora Apoyo.
Sobre el crecimiento económico Apoyo estima que podría ser de 4 por ciento este año gracias al avance del primer semestre, a lo que se sumaría UN 2 por ciento para el último trimestre.
Según el jefe del departamento de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Abugattas, en el intento por llegar a las metas pactadas influiría lo que se logre, poco o mucho, en las concesiones de proyectos a empresas privadas y privatizaciones de estatales.
"Si los postores piden que se posterguen las concesiones y privatizaciones no hay mucho que hacer, pero hay que sacar las cosas lo antes posible. Así, la meta de ingresos de 650 millones de dólares por esto - en concepto de privatizaciones - es dificil de cumplir", resaltó Abugattas.
Sin embargo, antes de que se destara la crisis, un optimista Boloña habló de la posibilidad de llegar incluso a 1.000 millones de dólares con la concesión de la fase de transporte del gas de Camisea y del principal aeropuerto del país.
Las proyecciones hechas para el presupuesto del próximo año también se caerían.
Según estudios de Apoyo, en 2001, dada la coyuntura, apenas se crecería entre 2,0 y 2,5 por ciento frente al 5,5 por ciento que indica un proyecto de presupuesto y cálculos iniciales de la consultora, de 3,8 por ciento..
